EL VIOLENTO OFICIO DE ESCRIBIR 2

El violento oficio de escribir.

Juez ya es famosa por actos de corrupción en Yucatán.

Cecilia Margarita Palomo Cifuentes, de nueva cuenta tras actos de corrupción.

Cada día son más los jueces que le entran a estas prácticas y dejan en indefensión a los demandantes. 

Seis casos documentados de malas prácticas, parcialidad y violencia institucional, sobre esta juez.

Por Alfredo Griz. 

Otra Juez de Yucatán está en el escarnio público, pareciera que en la entidad los jueces están al servicio de quien ofrezca dinero, no importa clase, ni posición social, el tema es que se trata de dinero, el interés público, la justicia pronta y expedita, quedan de un lado, es vil dinero lo que mueve a los jueces que están inmiscuidos en la corrupción. 

Cecilia Margarita Palomo Cifuentes, de nueva cuenta afectando y violentando los derechos de más mujeres, ya hemos documentado varios casos de esta servidora pública, a quien pareciera que la toga le concedió un manto protector para ejercer violencia institucional, corrupción, parcialidad en la administración de la justicia en el Estado de Yucatán.

Y es que la encargada del Juzgado primero de oralidad familiar en el turno vespertino, famosa ya por la sospechosa lentitud con la que lleva algunos asuntos, ahora saca el cobre para empantanar el caso de una empresaria Yucateca de quienes reservamos su identidad, pero que obra en el expediente  766/2022, radicado en el juzgado que preside la señalada servidora pública, y donde lo que parecía ser un simple divorcio, sacó a relucir de nueva cuenta la parcialidad y el dolo con el que se desempeña esta juez y su inclinación al dinero y a los favores políticos para pasar por encima de la ley y seguir haciendo del poder judicial de Yucatán, un nido de corrupción y una agencia de colocaciones y empleos para amigos y cómplices. 

Dicho expediente señalado líneas atrás, está como parte demandada Rubén Alejandro Ordaz Álvarez, esta persona que literalmente le habló al odio a la citada Juez, con tal de prácticamente sacar provecho posible de quien fuera su esposa y madre de su hijo.

Dicho sujeto, al no poder obtener lo que en el fondo perseguía, que era el dinero, terrenos que son parte del patrimonio familiar de la parte agraviada, le solicita la cantidad de un millón de pesos,  “por un pasaporte” cosa que estaba pactada en convenio , para dar por concluido el trámite legal en dicho juzgado, dicho personaje, incumpliendo todos los acuerdos signados delante de la juez, incluso con el cumplimiento del deber familiar hacia su menor hijo, de forma ilícita obtuvo el favor de la Juez en cuestión, quien presta a sus intereses personales y de índole monetaria ha hecho hasta lo imposible por retrasar el trámite legal y se ha hecho omisa ante una serie de delitos que tuvo a la vista en el expediente que obra en su poder, delitos que van desde corrupción de menores, desvíos sexuales, amenazas, violación a mandatos judiciales, entre otras cosas que la parte demandando ha cometido y ha tenido a la vista en el expediente y no le ha dado vista al Ministerio Público del Fuero Común, protegiendo también de esta forma al mencionado Rubén Alejandro Ordaz Alvares. 

Como ya es costumbre en el Juzgado, el tema ha sido lento, doloroso y revictimizante para la parte actora, quien ha pasado un vía crucis, legal y psicológico, incluso ha sido demostrado en el ya famoso juzgado, el daño psicológico causado por el sujeto en cuestión, ya que hay el dictamen pericial, realizado por una reconocida psicóloga experta en la materia. 

Ante la parcialidad que muestra Cecilia Margarita Palomo Cifuentes, la empresaria ha decidido denunciar públicamente lo que sucede con su expediente, pues como hemos mencionado, no es la primera vez que esta servidora pública se ve envuelta en temas de esa índole ni en violentar derechos sobre todo de mujeres.

Cabe mencionar que en Yucatán, pareciera una práctica común de los servidores públicos del Poder Judicial del Estado y de la Fiscalía General de Justicia, si no hay dinero de por medio para sus bolsillos, no hay justicia, ni pronta ni expedita, solamente hay esperas largas, represión, intimidación, dejando de nueva cuenta a un lado no solo la ministración de la justicia si no la nula capacidad de entender la perspectiva de género, poniendo en riesgo a la parte demandante y ahora víctima así como al menor hijo de esta última.

Lo más trascendente de este nuevo caso de corrupción en el que se ve envuelta Cecilia Margarita Palomo Cifuentes, después de una investigación de este rotativo, salió a relucir que el demandado en ese juzgado y denunciado en la Fiscalía General del Estado, goza de la protección de un grupo de empresarios Yucatecos, dedicados a la rapiña inmobiliaria, que son los que en realidad están apoyando al sujeto señalado, pero que también está detrás de los predios de la empresaria, a quien a como dé lugar quisieron despojar por la vía de su ahora ex marido Rubén Alejandro Ordaz Álvarez.

Si bien es cierto que no todos los jueces son corruptos o se prestan a estos actos tan deleznables, hemos documentado por lo menos ya seis casos donde esta servidora pública, ha cometido violencia institucional y se ha dedicado a beneficiar a las partes demandadas, no podemos asegurar el monto económico que vale la justicia en sus manos, pero si podemos atisbar que a simple vista hay dolo y parcialidad en su actuar, que lo que menos le importa es la buena administración de la justicia y que lo único que se puede hacer en contra de servidores públicos así, es denunciar públicamente y someterlos también al escarnio público. 

Hoy le toco a una empresaria, quien pese a contar con la posibilidad económica de solventar a abogados, ha sido víctima del Poder Judicial del Estado a través de la mencionada Juez, si eso le pasa a quienes tienen la posibilidad de pagar por una buena defensa, ya podremos imaginar lo que sucede con el ciudadano de a pie, del que apenas le alcanza para sobrevivir, he ahí la importancia de entender que a estos servidores públicos lo único que les mueve e interesa es su beneficio económico y no la verdadera impartición y administración de la justicia. 

Por lo pronto el ahora demandado y denunciado, sigue amedrentando y violentando de todas las formas posible a la empresaria y sigue sin dar la pensión alimentaria a su menor hijo, ni lo pactado en el convenio, así como obteniendo el favor de la juez señalada.